En nombre del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales, escribimos para expresar nuestra preocupación por el trato que se da en España a los perros de caza
Bruselas, 11 de marzo de 2021
El artículo 13 del Tratado de Lisboa exige que los Estados miembros de la UE adapten sus legislaciones nacionales de manera que cumplan con la consideración a los animales como seres sintientes (sentient beings) y la misma sea tenida en cuenta en futuras iniciativas políticas. Nos preocupa especialmente el lento avance en la introducción e implementación de leyes de bienestar animal en España con respecto a los galgos y otros perros de caza.
Si bien la conciencia sobre la necesidad de una protección eficaz del medio ambiente y el bienestar animal está aumentando en la sociedad española, el desarrollo de leyes y políticas de bienestar animal no ha seguido el ritmo de esta tendencia.
El trato a los galgos y a otros perros de caza en España es un ejemplo particularmente grave. La responsabilidad de legislar y hacer cumplir la ley en cuanto a protección animal recae en las 17 comunidades autónomas, lo que da lugar a un conjunto diverso de normativas de difícil aplicación. Consecuencia directa de esta falta de integración es que España tiene la mayor incidencia de perros abandonados en la Unión Europea, con más de 180.000 perros rescatados solo en 2019 (datos de la Fundación Affinity en su estudio sobre perreras y centros de rescate españoles publicado en 2020). Sin embargo, las cifras oficiales están en marcado contraste con estos datos, contemplando tan solo ocho galgos abandonados en 2019.
Consideramos que el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en la protección que se otorga a los animales de compañía, frente a la que se da a galgos y otros perros de caza, considerados animales de trabajo. Distinción que sin lugar a equívocos está disminuyendo notablemente su nivel de protección, negándoles la condición de seres sintientes reconocidos en el Artículo 13 que, entre otras cosas, exige que se los mantenga en condiciones razonables de habitabilidad y libres de todo sufrimiento innecesario, incluido el abandono y maltrato por parte de sus dueños. Cabe señalar en este contexto que, en el resto de la Unión Europea, la caza con perros en campo abierto, modalidad en la que no interviene el hombre, está prohibida por ley a causa de la crueldad que ella conlleva. Esto contrasta con las leyes y prácticas que en España se impulsan activamente desde lo público, incluso hasta el punto de otorgar subvenciones a organizaciones involucradas en el fomento de la caza con galgos y otros perros.
Por tanto, recomendamos que se considere urgentemente la necesidad de una ley unificada de protección animal que abarque todo el territorio español. Se necesitan medidas legales renovadas en las áreas de cría, identificación y registro de perros, junto con la ejecución efectiva de multas ejemplares y penas privativas de libertad en casos extremos de crueldad animal, así como la creación de controles policiales sistemáticos con la provisión de los recursos adecuados. Además, la legislación española actual permite que el 85,6% del territorio nacional sea terreno de caza, privilegiando al 1,6% de la población que tiene licencia de caza. Durante el confinamiento debido al COVID- 19, en 2020 los cazadores quedaron exentos de las restricciones que se aplican al resto de la población y actividades de ocio al aire libre. Su actividad, la caza, tuvo como consecuencia 52 accidentes mortales, mientras que cerca de 600 personas resultaron heridas.
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al gobierno español y a sus organismos competentes, que reconozcan y respeten el derecho de los españoles no cazadores, el 98,4% de la población, de disfrutar de la naturaleza e interactuar con el medio ambiente de manera pacífica, sin las restricciones impuestas por la caza y la desproporcionada asignación en exclusiva de tierras para fines cinegéticos. Asimismo, hacemos un llamamiento al refuerzo, apoyo y al debido reconocimiento a la labor de las agencias de protección del bienestar animal y su personal, Agentes Forestales, quienes se han declarado desprotegidos frente a los cazadores en numerosas ocasiones. Su número insuficiente se traduce en que los cazadores pueden realizar sus actividades en gran medida exentos de cualquier requisito legal destinado a prevenir la crueldad animal.
En el anexo enumeramos una serie de medidas concretas que consideramos de mucha importancia que sean incluidas en una ley unificada de protección animal y confiamos en que el gobierno español tomará debidamente en cuenta esta carta.
Atentamente,
Anja Hazekamp MEP Presidenta del Intergrupo
Petras Auštrevičius MEP Vice-Presidente del Intergrupo
ANEXO: MEDIDAS SUGERIDAS DE PROTECCIÓN ANIMAL
- Mayor control de las perreras públicas gestionadas por empresas privadas sin marco legal estatal que las regule.
- Mayor apoyo, recursos y formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Autonomías y Ayuntamientos, en su lucha contra el abandono animal.
- El tratamiento de la caza como una actividad exclusivamente “privada”, exenta de subsidios públicos directos o indirectos a nivel estatal,regional o local. Esto implica dejar de considerar a la caza como actividad de carácter "cultural" o "deportivo", lo que hace que sus federaciones y asociaciones no sean aptas para recibir subvenciones de las autoridades deportivas o culturales gubernamentales.
- El grupo de perros de caza denominado "rehalas" debe dejar de ser considerado objeto "de interés cultural". Deben aplicarse las leyes actuales sobre cría contemplada en las directrices de cría responsable de la Plataforma de la Unión Europea para el Bienestar Animal, y no discriminar a los perros de caza en cuanto a su grado de protección.
- Transparencia en todo lo relativo a las subvenciones públicas a organizaciones relacionadas con la actividad cinegética.
Ong ADDA -Marzo 2021
